Entre la sostenibilidad y la indefinición política
Como cada semana, en esta nueva entrega de A TRES PUNTAS, realizamos un repaso por parte de los temas más resonantes de la industria pesquera.
NACIONALES
La pesca, todavía sin certezas del Gobierno sobre la CITC de merluza hubbsi
El año comenzó con una sombra preocupante para la industria pesquera argentina: un proyecto de ley que proponía la derogación, casi sin miramientos, de la Ley Federal de Pesca. Esta normativa, fruto de extensos debates y consensos entre diversos sectores, no solo garantiza seguridad jurídica y ambiental, sino que también establece condiciones laborales sólidas para la continuidad del sector. Entre sus disposiciones clave se encuentra el requisito de mantener el empleo en blanco, cumplir con las inversiones, respetar los niveles de captura y evitar infracciones.
Sin embargo, lejos de ejecutar esta legislación como corresponde, se deja entrever que existen "alternativas" en evaluación, aunque nadie parece tener claridad sobre su naturaleza.
El peligro de la improvisación legislativa
Uno de los nombres que resuena en este conflicto es el de Federico Sturzenegger. Antes de llegar al gobierno, presentó un video informal mostrando una pila de hojas con artículos sobre pesca que consideró tan irrelevantes que ni siquiera merecieron un capítulo específico. Lo que parecía un gesto menor escondía una propuesta devastadora: abolir el Consejo Federal Pesquero, quitarles a las provincias su poder de decisión y permitir descargas en cualquier puerto sin controles biológicos.
Estas medidas habrían destruido el sistema que garantiza la trazabilidad y la sostenibilidad del sector. Además, permitían la contratación sin restricciones de tripulantes extranjeros, ignorando el procesamiento en tierra y licitando cuotas a nivel internacional una vez vencidas.
La resistencia del sector
Durante los primeros meses del año, empresarios, científicos y representantes provinciales se vieron obligados a frenar esta amenaza. Con un esfuerzo conjunto, lograron que diputados, senadores y medios de comunicación entendieran que modificar la ley significaba desmantelar una industria que genera miles de empleos y cerca de dos mil millones de dólares anuales para el país. Finalmente, el proyecto no prosperó, pero la tranquilidad fue breve.
Bajo constante ataque
El ministro Sturzenegger, lejos de cesar en sus críticas, intensificó sus ataques, tildando a los empresarios pesqueros de "chorros" que "se llevan todo" y dejan apenas "el 0,15%" al país. Estas declaraciones ignoran que la industria contribuye con cerca del 40% de sus ingresos mediante impuestos, retenciones y cargas sociales.
Mientras el sector dedica tiempo y esfuerzo a desmontar esta imagen demonizadora, el trabajo real de mantener empresas operativas y resolver conflictos laborales queda relegado. Los empresarios denuncian que no tienen los recursos ni el tiempo que sí poseen los políticos para contrarrestar estos discursos.
El limbo de la cuotificación
A estas tensiones se suma la falta de definición sobre la cuotificación de la merluza hubbsi, una cuestión crítica para el sector. Aunque la Ley Federal de Pesca sigue vigente, no se está aplicando para redistribuir las cuotas, generando incertidumbre.
Organizaciones del sector, como CAPEAR ALFA, denunciarpn la pasividad del gobierno. "¿La quieren rifar?", cuestionaron en un reciente comunicado. Otros actores, como el empresario Antonio Solimeno, señalan que las negociaciones avanzaron con el Subsecretario de Pesca, pero luego quedaron estancadas sin explicaciones claras.
Peor aún, el presunto pedido de coimas para destrabar la situación añade un manto de sospecha. Según un conocedor del sector, esta denuncia podría resultar en mayores demandas de sobornos en lugar de solucionar el problema.
El futuro
La industria pesquera, que emplea a decenas de miles de trabajadores y es clave para las exportaciones del país, enfrenta un desafío existencial. La aplicación inmediata de la ley es fundamental para redistribuir las cuotas y garantizar la continuidad del sector.
El 11 de diciembre se espera que el Consejo Federal Pesquero reciba al sector empresario para discutir estas cuestiones. El tiempo apremia, y el futuro de una industria estratégica para Argentina pende de un hilo.
CAMARONES
Loyola aguarda definiciones por los permisos de pesca
“Camarones exige el derecho a vivir de la pesca y a desarrollarse de igual manera que lo hacen los demás puertos de esta provincia”, esgrime el planteo formulado por un grupo de permisionarios que operaban desde ese puerto chubutense con permisos de pesca artesanal hasta que se modificó la legislación y fueron borrados.
El reclamo lo llevaron hasta el propio gobernador Ignacio Torres a quien le solicitaron que se readecúe la normativa que permita volver a operar en la Zona 3 de pesca artesanal que corresponde a Camarones y tiene la delimitación geográfica entre Punta Atlas y Cabo Aristizabal (45º13’ LS y la Costa).
Proponen que los permisos otorgados en 2013 y luego restringidos en 2022, “sin razones técnicas, sean restaurados y que se permita nuevamente la pesca en la bahía”.
La Ley XVII N° 153, aprobada a fines de 2022, modificó los alcances de los permisos de pesca artesanal con artes de espera a artes de arrastre de fondo y red de arrastre de fondo convencional. Allí se privó a Camarones la posibilidad de contar con su propio proyecto pesquero, y se estableció que las embarcaciones pasen a operar desde Caleta Córdova.
Dos sesiones
Ahora bien, desde ese sector pesquero aguardan definiciones teniendo en cuenta que restan dos sesiones ordinarias de la Legislatura de Chubut, la de mañana jueves y el próximo 5 de diciembre; aunque podría convocarse a extraordinarias para temas específicos. Pretenden que el tema de la modificación de la Ley XVII N° 153 sea tratada antes que termine el año a fin de no seguir imposibilitados de operar.
Desde el sector pesquero de Camarones se presentó al Gobierno un proyecto integral que solicita la reactivación de permisos para la pesca artesanal en la Zona 3 de la bahía y el desarrollo de investigaciones científicas sobre los recursos locales.
El requerimiento, respaldado por múltiples actores de la comunidad, plantea que la localidad recupere la capacidad de gestionar de manera autónoma y sostenible su actividad pesquera, que consideran clave para el desarrollo económico local.
En la nota, enfatizan que esta solicitud es una reparación histórica necesaria, ya que la prohibición vigente, impuesta en diciembre de 2022, afecta directamente la economía de Camarones al impedir el acceso a los recursos marinos disponibles a escasos minutos del puerto.
VIDAL, EXPLOSIVO
“No me toman un puerto más”
El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, empezó a poner en caja a la dirigencia gremial vinculada a la actividad pesquera. Esta semana aplicó una millonaria multa al Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) por haber violado una conciliación obligatoria e impedir la descarga y carga de contenedores para la exportación.
“No me toman un solo puerto más”, avisó el mandatario santacruceño tras imponerle una sanción de 160 millones al gremio de los estibadores, cuya dirigencia también protagonizó incidentes violentos en una planta pesquera al impedir el ingreso de materia prima para procesar.
Vidal, exdirigente sindical petrolero, también se pronunció en contra de los planteos realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que pretendían que se aplique un viejo decreto firmado por Carlos Menem y Domingo Cavallo para impedir la operatoria de cooperativas de trabajo en la actividad pesquera en esa provincia.
La dirigencia en Gallegos
El ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, recibió en Río Gallegos, en los últimos días, a una comitiva del gremio de la alimentación integrada por Diego Martos, secretario General del STIA Santa Cruz y Luis Emilio Núñez, en representación de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y titular del STIA Chubut.
Los sindicalistas fueron con la idea que el Gobierno Provincial imponga sanciones a empresas pesqueras por lo que consideran un fraude laboral al utilizar cooperativas de trabajo dentro de la actividad. La respuesta de los funcionarios fue que el esquema de cooperativas en Santa Cruz es perfectamente legal y continuará aplicándose.
Por su parte, Claudio Vidal respaldó el esquema de cooperativas y les dijo a los sindicalistas que en esa provincia se continuarán utilizando. “Antes de ser gobernador fui presidente de una mutual. Cooperativas y mutual son cosas similares. Si el Gobierno controla y las cosas funcionan como tienen que funcionar, la cooperativa es una gran fuente de oportunidades para genera empleo”, aseveró el mandatario en declaraciones a Vía Patagónica al bajarle el pulgar a las exigencias de los dirigentes del STIA de Santa Cruz y Chubut.
“Tiene que haber un control necesario, pero las cooperativas son una alternativa. Hay prioridades, y hoy la prioridad es generar empleo, la prioridad es que miles de familias puedan comer y la cooperativa de trabajo es una alternativa”, aseveró Vida al desestimar de plano los planteos de Martos y Núñez.