El CFP en la mira de la Justicia, optimismo en Chubut y una tragedia sin responsables
Como cada semana, en esta nueva entrega de A TRES PUNTAS, realizamos un repaso por parte de los temas más resonantes de la industria pesquera patagónica.
NACIONALES
Investigan el supuesto pedido de coimas por parte de operadores del Gobierno a empresarios de la pesca
El Consejo Federal Pesquero recibió una orden judicial por medio de la cual se le exigió aporte todos los antecedentes obrantes en el organismo en lo atinente al procedimiento de asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura de merluza común.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas en el marco de la causa CFP N° 4416/2024 requirió formalmente que se giren las actuaciones que se han llevado a cabo en el proceso de cuotificación y esto guarda relación con la denuncia sobre el presunto pedido de coimas que habrían recibido empresas, que desató un escándalo hace dos meses atrás.
Las denuncias interpuestas ante la Justicia Federal de Mar del Plata y la Oficina Anticorrupción por parte del diputado bonaerense Gustavo Pulti motivaron el requerimiento judicial que ingresó el 24 de octubre al Consejo Federal Pesquero, con intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Vale recordar que la PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
En septiembre tomó estado público un hecho, que jamás fue desmentido, donde presuntos emisarios del Gobierno nacional que preside Javier Milei habrían solicitado 15 millones de dólares a empresarios del sector pesquero para garantizar que el actual régimen de cuotas individuales transferibles de captura (CITC) de merluza hubbsi se mantuviera sin cambios por los próximos 15 años.
Según la versión inicial de LPO, el presunto pedido de coimas habría llegado a oídos de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa Iberconsa, una de las compañías de mayor participación en captura de merluza hubbsi y perteneciente al grupo estadounidense Platinum Equity.
En el marco del expediente abierto por la PIA, conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, se solicitó información al CFP sobre las actuaciones administrativas que se han llevado a cabo hasta el momento en lo que respecta al procedimiento de asignación de las CITC; y la Asesoría Letrada del consejo respondió el requerimiento según se consignó en el Acta N° 21 (6.1.) del organismo del día de ayer.
Al mismo tiempo, el caso es investigado también por la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una presentación realizada por Pulti.
El legislador bonaerense y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”.
RAWSON
“El recurso es sustentable y nos permite hacer temporadas de cuatro meses”
El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, se mostró satisfecho con haber logrado que se ponga en marcha la cadena productiva de la pesca, a inicios de noviembre, con la apertura de la pesquería de langostino en aguas provinciales.
Desde el 3 de noviembre está habilitada el ingreso de la flota a la Zona Norte, entre Rawson y la boca del Golfo Nuevo, a modo de referencia geográfica, y se monitorea la evolución de las capturas semana a semana y en función de ello se irán adoptando las medidas de manejo.
“Los resultados de la prospección fueron óptimos y desde el domingo quedó habilitada la temporada de pesca en aguas provinciales, ya hay barcos pescando y los resultados que tenemos hasta ahora son muy alentadores”, manifestó el funcionario.
Para dar inicio a la zafra se cumplió la premisa que había planteado el Gobierno de Chubut en cuanto a que primero debían estar resueltos los convenios laborales del sector. “Tenemos todos los acuerdos firmados entre los sindicatos y las cámaras hasta el fin de la temporada”, subrayó al tiempo de señalar que “esto nos garantiza tener cuatro meses de temporada”, pronosticó.
“El recurso es sustentable y nos permite hacer temporadas de cuatro meses. Una temporada larga da mucha más actividad económica, no solo al puerto de Rawson, sino a todas las actividades circundantes a la pesca”, puso de relieve Arbeletche.
“Se logró un consenso para lograr un número que sea óptimo para ambas partes. El trabajador está teniendo un aumento del 90% en dólares. Y el emprendedor hace un sacrificio importante dado que los precios internacionales siguen igual y el dólar se atrasa cada vez más”, evaluó sobre las condiciones comerciales que imponen los mercados y las variables de la macro argentina.
“El concepto de paz social es más romántico, la realidad es que todas los gremios y las cámaras entendieron que es mejor negocio trabajar los cuatros meses en su totalidad que estar peleando por una moneda más o una moneda menos”, interpretó.
Y agregó: “Una de las cosas que le garantizamos al SOMU, y a su vez los empresarios también, es que se firmaba el acuerdo y arrancaba la temporada. Eso fue un poco lo que destrabó este conflicto”, dijo Arbeletche al tiempo que advierte que “está claro que la actividad pesquera y sus trabajadores están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y estaban necesitados de trabajar, entonces, que se garantice que se va a trabajar fue la llave para destrabar este conflicto”, concluyó.
CAUSA ‘REPUNTE’
"No vamos a bajar los brazos", dicen las familias tras el revés judicial
Por Ignacio Vallejo
Gabriela Sánchez, referente del colectivo Ningún Hundimiento Más y hermana del capitán Gustavo Sánchez, se mostró afectada y sorprendida por la decisión del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, de archivar la causa por el hundimiento del pesquero Repunte. En diálogo con este cronista, Sánchez expresó su indignación y la de las familias afectadas por este fallo, que consideran injusto y cargado de irregularidades.
“Nos escribió nuestra abogada, Lorena Arias, el martes a la tarde para informarnos que el juez resolvió archivar la causa. Para nosotros fue un golpe durísimo, porque teníamos muchas esperanzas en que, por fin, pudiéramos llegar a un juicio y ver que se haga justicia”, relató la mujer. La causa, que lleva casi siete años y medio, buscaba esclarecer los verdaderos motivos detrás del hundimiento del buque, que dejó un saldo de sólo dos sobrevivientes y diez víctimas fatales, entre ellos su hermano.
El magistrado, según Sánchez, desestimó pruebas clave que apuntan a fallas técnicas en el barco. La Junta de Seguridad en el Transporte (JEST) había realizado una investigación exhaustiva que, entre las conclusiones que arrojó el informe, indicaba que el Repunte había perdido estabilidad debido a la colocación de tangones para salir a la zafra de langostino; modificaciones que no habrían sido apropiadas para su estructura.
Sin embargo, las familias aseguran que Lleral no consideró al informe oficial como prueba suficiente, alegando que las causas del naufragio, el 17 de junio de 2017, fueron el mal tiempo y las decisiones del capitán. “El informe técnico es irrefutable. Ellos dicen que el barco se escoró por falta de estabilidad, pero el juez no lo toma en cuenta”, añadió Sánchez, visiblemente afectada.
En la conversación, también recordó la falta de pericias adecuadas durante la investigación inicial, lo que consideraron una farsa. “Cuando se hicieron las primeras pericias, llevaron el ROC pero no tomaron las medidas necesarias, como la cámara de descompresión para filmar el estado real del barco. Fue una fantochada”, denunció.
La familiar de Gustavo Sánchez no dudó en calificar la decisión como una muestra de “corrupción” en el ámbito pesquero, y señaló que, a pesar de las dificultades económicas y la distancia, las familias de las víctimas harán todo lo posible por llevar la causa adelante. “El barco no estaba en condiciones, y sin embargo salió a navegar. Lamentablemente, aquí hay corrupción que permite que todo esto se haya mantenido en pie durante tanto tiempo”, aseveró.
La referente de ‘Ningún Hundimiento Más’ también criticó la actuación de las autoridades de esa época, especialmente las del Consejo Federal Pesquero, que mantuvo el permiso de pesca del Repunte pese a que el barco llevaba más de cuatro años fuera de servicio. Además, apuntó contra la familia Caputo, responsables de la armadora Ostramar, y otros involucrados, quienes, según ella, fueron sobreseídos sin consecuencias.
Vale señalar que se encontraban imputados y fueron sobreseídos los propietarios de la empresa Marcela y Luis Caputo (ya fallecido), tres integrantes de la Prefectura Naval Argentina, el jefe de coordinación de Puerto Belgrano y responsable del SAR en ese momento y un ingeniero civil que había contratado la empresa para realizar el cálculo de manual de estabilidad.
“Es una mafia, como siempre decimos. La industria pesquera tiene mucho poder y hace lo que quiere. Este barco nunca debió haber salido al mar, pero al final se hundió porque no estaba en condiciones. Los empresarios tienen el seguro del barco, que les da una protección económica, y nosotros, las familias, seguimos luchando por justicia”, afirmó.
A pesar de la decisión judicial, Gabriela Sánchez dejó en claro que no se rendirán. “Vamos a apelar la decisión. Estamos trabajando con nuestra abogada para presentar la apelación. No vamos a bajar los brazos, porque si no tenemos justicia en Argentina, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó con firmeza.